Los actos de brutalidad hacia los animales no humanos forman parte de la gran gama de manifestaciones agresivas de nuestra especie motivadas por discriminación. Los propios seres humanos se desprecian por cuestiones de raza, color de piel, género, forma de pensar u otras más, y con mayor razón muestran intolerancia para las otras especies animales.
Charles Darwin fue el primero en hablar del círculo de la moral, concepto retomado en ocasiones por filósofos para explicar el fenómeno de la intolerancia. Dicho círculo representa el alcance del respeto o la consideración que tiene cada persona para con los demás. Los más primitivos o superficiales (no importa el nivel socio-económico al que se pertenezca) son menos comprensivos hacia las necesidades de los que se consideran ajenos o diferentes.
La discriminación por especie es un grave problema presente tanto en las sociedades más atrasadas y violentas, como en las más civilizadas; incluso suele haber expresiones francamente cínicas por parte de quienes tienen negocios de abuso o de los que son meros aficionados a espectáculos crueles. Es interesante la gran similitud que existe en la pobreza de argumentación cuando se pretende justificar al abuso animal, independientemente de que provenga de gente con escasa preparación académica o de gente con estudios profesionales o de posgrado.
La falta de justificación ética para dañar a los animales no humanos, así como las consecuencias de salud, ambiente y violencia que tiene la crueldad, han permeado en la normatividad nacional y estatal desde el siglo XIX, poniéndose límites a los actos humanos en relación con las demás especies, aunque en forma deficiente y tratando siempre de proteger intereses de grupos con poder.
Las peleas de perros están prohibidas en la mayor parte de los estados del país por leyes locales, pero además, como conllevan apuestas ilícitas, competen al Ministerio Público Federal en su investigación y a los Jueces de Distrito en Materia Penal en su sanción. Por otra parte, como implican la muerte de los animales en una forma no permitida por la norma oficial mexicana que establece los métodos lícitos para privar de la vida a los canes, también la SAGARPA debería intervenir.
Las peleas referidas, los palenques, las corridas, las pamplonadas o los circos con animales comparten la misma esencia de desprecio para la capacidad de sufrir de otros seres y tienen el mismo carácter de factores criminógenos en una comunidad. En todos los casos mencionados debería existir el mismo sentido jurídico de erradicarles, pues la violencia debe ser evitada por el gobierno sin excepciones. El Código Penal de 1871, publicado por Benito Juárez, sancionaba todo tipo de espectáculos en los que se maltratara o asesinara animales y allí no había situaciones de privilegio como ocurre con las actuales leyes.
Otro grave problema social es la impunidad, muchas veces generada desde el propio sector público. Es así que aunque las peleas de perros sí están sancionadas, y por ejemplo en el Distrito Federal pueden ser denunciadas ante el Juez Cívico por transgredir a disposiciones de la Ley de Protección a los Animales y de la Ley de Cultura Cívica, o bien, ante el Ministerio Público Federal por transgredir a la Ley General de Juegos y Sorteos que sanciona como delito a las apuestas clandestinas, no es sencillo que un ciudadano que decida denunciar, encuentre respuesta pronta y adecuada por parte de las autoridades.
Recapitulando sobre lo anterior, podemos decir que frente a la presión de una sociedad consciente y activa, así como de varios legisladores convencidos de las bondades de una legislación que tutele los derechos de los animales no humanos, siguen pesando dos lacras sociales:
- El influyentismo de empresarios sin escrúpulos, que en complicidad con autoridades carentes de ética, ha mantenido como excepciones a la protección legal de los animales a varios de los espectáculos crueles, no obstante que el divertirse a costa del sufrimiento y la vida es lo menos justificable que puede haber dentro del gran prisma de brutalidades especistas.
- La “cultura de la impunidad”, que tanto por burocracia indolente y corrupta, como por ciudadanos desconfiados, temerosos o apáticos, sigue impidiendo la efectiva aplicación de leyes, que en el caso de la defensa animal, reviste una especial trascendencia.
Las peleas de perros son repudiadas por casi toda la sociedad, pues la milenaria relación entre humanos y perros ha generado una gran empatía entre ambas especies, de aquí que los sujetos que organizan combates de este tipo sean vistos como seres realmente despreciables y por supuesto que lo son; su patología requiere de tratamiento psiquiátrico, y desde luego deben de ser apartados de la sociedad por su peligrosidad.
Razas como Pit Bull, Terrier de Staforshire, Akita Inu, Rod Wailer y otras han sido creadas a través de selecciones de temperamento y fuerza a lo largo de muchos años, de forma que la resistencia que llega a conseguirse en estos animales permite que las peleas lleguen a durar horas.
Los duros entrenamientos, las vitaminas y las drogas aplicadas a los animales también contribuyen a esa resistencia que prolonga la tortura que padecen los animales en los enfrentamientos. Es decir, esta clase de combates representan un escenario tan violento que solo lo pueden soportar o disfrutar verdaderos enfermos; imaginemos el gran daño que se hace al desarrollo psico-emocional de los niños y adolescentes que suelen acudir a esos eventos, muchas veces llevados por sus propios padres.
Es importante que la sociedad mexicana siga presionando para mejorar y hacer valer las leyes, pero también para que se encuentren mecanismos eficientes en la selección de las autoridades competentes para intervenir en defensa de los animales: desde los policías preventivos o judiciales, hasta los jueces cívicos, los ministerios públicos, los jueces penales, y las diversas autoridades administrativas que deben promover el respeto a la fauna y sancionar a quienes realizan actos de crueldad. No podemos esperar que una autoridad que disfruta de emborracharse en un palenque o una corrida, aplique con justicia las leyes que prohíben las peleas de perros.
La peligrosidad mostrada por las acciones de un individuo es un elemento a considerar en la legislación penal, pues el interés colectivo debe prevalecer cuando se trata de la seguridad pública. Las peleas de perros se realizan en diversos escenarios socio-culturales, pero con similitud de contexto criminal. Todos los personajes vinculados con esta clase de eventos tienen claros perfiles criminales (carecen de parámetros éticos; son capaces de hacer lo que sea por dinero) y son de alta peligrosidad.
Los códigos penales en México y las políticas públicas de seguridad ignoran por completo al factor criminógeno del abuso hacia los animales y la peligrosidad de quienes cometen actos bárbaros en perjuicio de no humanos. Las autoridades mexicanas no tienen ni idea de que la imposibilidad de defensa que tiene un animal ante la explotación o cualquier forma de abuso humano implica en el victimario una especial perversidad y por ende de peligrosidad, por lo que tal ignorancia burocrática tiene tremendas consecuencias en la violencia que padece nuestro país.
Cualquier espectáculo cruel debiera ser tipificado como delito, pues divertirse a costa del sufrimiento de otro u otros implica una mentalidad que representa un riesgo para la sociedad que difícilmente puede limitarse a través de sanciones administrativas. Si bien nuestro sistema carcelario no tiene nada de rehabilitador, por lo menos la ejemplaridad de las penas, así como el hecho de apartar a los criminales de la sociedad a la que dañan, podrían frenar en cierta medida el abuso y el desarrollo de personalidades violentas.
El caso de las peleas de perros muestra con toda claridad la ingratitud humana hacia una de las especies que más le han mostrado lealtad y servicio. La cercanía que muchos humanos tenemos con los canes permite que podamos con mayor facilidad hacer el ejercicio ético de “ponernos en su lugar” y alzar la voz en contra de esa injusticia. Pero sería muy conveniente, en aras de una conciencia más integral, que ese mismo ejercicio lo hiciéramos atendiendo a los abusos en circos, plazas de toros, zoológicos, palenques o cualquier otro espectáculo en donde se usen animales, imaginando lo que debe sentir un tigre, un oso, un caballo cuando le roban su libertad para someterle a cautiverios infames y obligarle a realizar, a través del terror, actos ajenos a su naturaleza, ridículos e inútiles. Desde luego que ese ejercicio sólo tendría sentido en la medida en que decidiéramos actuar para que las cosas cambien; podemos empezar por no dar nuestro dinero a los que viven del abuso, dejando de acudir a cualquier espectáculo con animales y corriendo la voz para convencer al mayor número de gente posible, para que siga ese ejemplo.
No tenemos por qué aceptarnos mediocremente como tercermundistas rodeados de abuso animal, podemos como ciudadanos hacer mucho. Es posible generar importantes transformaciones si decidimos actuar. Si además de no pagar a los criminales, tomamos la asesoría de los grupos defensores de animales y denunciamos las violaciones a la ley sin desistir fácilmente al encontrar a autoridades inútiles en el camino; y si de manera constante y organizada nos informamos y trabajamos para erradicar el maltrato, dejaremos de esperar inocentemente a que llegue un cambio desde la cima del poder público y nos convertiremos en los generadores de una sociedad ética.
Gustavo Larios Velasco. Presidente de AMEDEA.
Publicado en la revista ANIMALES DE COMPAÑÍA
Publicado en la revista ANIMALES DE COMPAÑÍA
